El director del Instituto de Defensa legal (IDL), Carlos Rivera, manifestó su satisfacción tras la audiencia de Supervisión de Cumplimiento por los casos Barrios Altos y La Cantuta realizada el último viernes en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica.  

Para Rivera, abogado de los familiares de las víctimas, los tres alegatos de su defensa lograron sus objetivos. El primero, acreditar que la decisión del presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski de indultar a Alberto Fujimori fue una decisión política, esta postura partió desde el cuestionamiento de la resolución de indulto humanitario otorgado el pasado 24 de diciembre. 

Lo segundo, demostrar las irregularidades cometidas en el otorgamiento del indulto. Para el jurista las modificaciones a una serie de disposiciones legales que beneficiaban directamente al exmandatario, la conformación de una junta médica donde el médico particular de Fujimori era participe y la no coincidencia de conclusiones de las actas médicas; son una clara evidencia de ello. 

“Hay dos actas: una del 17 de diciembre que recomendaba un tratamiento; sin embargo, dos días después se emitió otra que concluía lo mismo pero recomendando el indulto”. 

Y la tercera el de exponer los argumentos de derecho internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que restringe este tipo de beneficios para quienes hayan sido condenados por lesa humanidad.

Asimismo, felicitó al Estado Peruano por su participación en la siguiente cita: 

“El hecho que ya este sentado (EP) en esta sala discutiendo la legalidad del indulto significa que hay un nivel de sometimiento en las decisiones de la CIDH […]. Frente al derecho internacional no hay cuestionamiento, por tanto el Estado debe acatar lo que diga la Corte”.

De otro lado lamentó el desconocimiento de sus pupilos con respecto a los procedimientos internacionales. Pues la defensa peruana había declarado que este caso pudo resolverse agotando las vías internas y sin necesidad de acudir hasta el ente supranacional. El letrado respondió a estas palabras explicando que los casos (Barrios Altos y La Cantuta) no son un tema reciente para la corte y que este procedimiento –supervisión de cumplimiento- se realiza en base a la existencia de las sentencias ya existentes.

Finalmente, aclaro que la nueva citación a la que el Estado Peruano debe asistir el próximo dos de marzo en Bogotá por el caso del indulto humanitario obedece a un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que está encaminada a garantizar el dictamen que la CIDH emita en los próximos días tras la audiencia del dos de febrero.

Por: Andi Chero